La gravísima situación que atraviesa la Administración de Justicia, dada la información vertida por la Procuradora Kenia Porcell, de que los magistrados de la Corte Suprema están sujetos a presiones, chantajes, sobornos, etc., que comprometen e impiden su capacidad para actuar como operadores de justicia independientes, eficaces y con apego a la ley, se suma a una larga lista de irregularidades que han erosionado por completo la confianza ciudadana en las instituciones de justicia.
El escándalo que hoy involucra a la Procuradora y a los magistrados Hernán De León y José Ayú Prado, no puede ser enfrentado por el Órgano Judicial, pues carece de las estructuras de integridad y ética necesarias, que debieron crearse con la aplazada implementación de la carrera judicial.
Frente a esta realidad quedan pocas vías que de verdad logren cambios efectivos: que los magistrados mencionados renuncien; que el magistrado que fue sometido a presiones las denuncie, como es su obligación ante cualquier intento de obstrucción de la justicia; que el ejecutivo nombre una comisión independiente, nacional e internacional, que pueda llevar a cabo las tareas que obviamente no hemos sabido realizar para enderezar la justicia.
Si los corruptos se salen con la suya de lograr la impunidad gracias a este caos generado en el Órgano Judicial, entonces estaremos renunciando a nuestra democracia.
Para la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional, la solución requiere de la persistente participación de una ciudadanía informada y responsable.