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3 de Diciembre de 2020

NO HAY DONDE ESCONDERSE:
¿POR QUÉ NECESITAMOS REGISTROS
DE BENEFICIARIOS
FINALES?


IACC 1.1.20.
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Panamá: un caso de estudio  
Por Carlos Barsallo, presidente del Capítulo de Panamá de Transparencia Internacional    


En 2016, como reacción a los “Papeles de Panamá”, el Gobierno panameño nombró un comité de expertos independientes para evaluar las prácticas de los servicios del centro financiero de Panamá. El trabajo del comité fue: “dirigido a que el país lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global.”   Lamentablemente, hasta ahora Panamá no ha liderado los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global. Esto no significa que Panamá no haya estado haciendo cambios legales. Por el contrario, Panamá ha estado introduciendo cambios legales y algunos de ellos son -en teoría- buenos.   Algunos cambios legales han sido aprobados muy rápidamente como una reacción a la presión externa y con un objetivo específico, ser removidos de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional de países con importantes deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero.   Esta forma pragmática de reaccionar al problema, en lugar de anticiparse y prevenir el problema, no ha dado tiempo para analizar y responder preguntas como: ¿qué quieres hacer?, ¿por qué lo haces? y ¿para quién lo haces?. Por eso este taller es relevante. Podría ayudar a otros con la misma lucha.   Las preguntas que voy a responder en relación con los registros de beneficiarios finales son el cómo y el cuándo, utilizando algunas lecciones aprendidas hasta ahora del caso panameño, que aún es una labor en curso.

Primero algunos antecedentes. Abogados panameños y conoce a tu cliente.   La obligación de los abogados panameños de conocer a su cliente actuando como agentes residentes en sociedades anónimas panameñas, existe legalmente desde 1994, es decir, desde hace más de 25 años. Inicialmente, se limitaba al tráfico de drogas.   El cumplimiento, la efectividad y la eficiencia no han sido debidamente medidos por las autoridades panameñas, el sector privado o la academia. Los diferentes gobiernos siempre han insistido en que la legislación y la práctica eran adecuadas. Las evaluaciones internacionales indicaron lo contrario. Hasta hace muy poco, no hemos tenido datos oficiales locales (a través de la evaluación nacional de riesgos) que nos permitieran evaluar si en alguna ocasión en la que los agentes residentes han tenido que informar, local o internacionalmente, de quién es el beneficiario de la corporación o fundación de interés privado, esto se ha hecho oportuna y adecuadamente. Esta sola omisión y demora dicen mucho.   Tengo buenas razones para creer que las fórmulas jurídicas desarrolladas durante los últimos 25 años, en particular las relacionadas con las obligaciones de los agentes residentes, no han funcionado correctamente. Ello se debe a una combinación de factores que van desde su deficiente formulación, a veces intencionada, hasta la palpable falta de voluntad de aplicarla estrictamente.   El siguiente es un punto clave: Cualquier abogado panameño puede ser un agente residente. Sólo los abogados panameños, o las firmas de abogados panameñas, pueden ser agentes residentes. Según el informe de la Evaluación Mutua de Panamá del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana de enero de 2018, había cuatro mil abogados y trescientos bufetes de abogados registrados como agentes residentes ante el regulador panameño de Sujetos No Financieros.   Es importante considerar que según datos de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, en 1994 había tres mil abogados registrados con idoneidad. En el año 2020 el número de abogados con idoneidad supera los veinticinco mil.   La ley específica que trata de la obligación de los agentes residentes panameños de conocer a su cliente es la Ley 2 de 2011. Ha sido enmendada 3 veces. Esta ley contiene ciertos artículos que, en mi opinión, contradicen los objetivos de la ley contra el lavado de dinero. Por ejemplo, crea un espacio para interpretaciones en temas importantes como el deber de reportar actividades sospechosas y procedimientos de debida diligencia por parte de los abogados. Esto ha creado problemas cuando se ha evaluado a Panamá.   El resultado hoy es que el Grupo de Acción Financiera Internacional ha identificado a Panamá como una jurisdicción con deficiencias estratégicas contra el lavado de dinero. Panamá es una jurisdicción sujeta a la supervisión del Grupo de Acción Financiera Internacional.   Por si lo anterior no fuera suficiente, la fuerza mediática de la labor periodística de investigación puesta a disposición del mundo, destacando entre ellas los Panama Papers, ha hecho imposible que Panamá no reaccione con cambios que se ajusten a las nuevas realidades y necesidades de transparencia.   El efecto de los Panama Papers puede verse claramente no sólo en la disminución de nuevas incorporaciones sino en el aumento de las disoluciones de sociedades anónimas panameñas.   Por ejemplo, si se compara el año 2009 con el año 2019, la disminución sustancial es evidente. En el año 2009 se incorporaron treinta y ocho mil sociedades anónimas panameñas. En 2019, se constituyeron catorce mil sociedades anónimas panameñas.   En 2014 se disolvieron mil sociedades anónimas, mientras que en 2018 se disolvieron doce mil sociedades anónimas.   Ante la incesante presión internacional, y ante los insatisfactorios resultados de la última evaluación internacional, la Asamblea Nacional de Panamá aprobó el 17 de marzo de 2020 la Ley 129 presentada por el Órgano Ejecutivo mediante la cual se crea un Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales en Panamá.

El sistema privado y único de registro de los beneficiarios finales.   El propósito de la nueva ley es crear un sistema único de registro: “para facilitar el acceso a beneficiarios finales de las entidades jurídicas reunidas por los abogados que prestan los servicios de un agente residente para ayudar a la autoridad competente en la prevención del blanqueo de capitales”.   La creación del Sistema Único ha seguido un proceso acelerado. Fue presentado por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea Nacional el 12 de diciembre de 2019. Fue aprobado en la Asamblea Nacional el 19 de diciembre de 2019, en una semana. Se hicieron cambios específicos, y la versión final fue aprobada el 17 de marzo de 2020.   El nuevo Sistema Único se limita a la información sobre los beneficiarios finales de las personas jurídicas en las que un abogado panameño, o una firma de abogados panameña, presta el servicio de agente residente.   Se refiere a la sociedad anónima panameña, que es el tipo de empresa que requiere un agente residente. La Fundación de Interés Privado Panameña también está incluida en la nueva regulación del Sistema Único, ya que es una entidad legal y tiene un agente residente. Los fideicomisos no son entidades legales, aún cuando tengan un agente residente, por lo que no entran en el ámbito de la nueva ley.

El cómo. El registro panameño es privado. Sólo las autoridades indicadas en la ley pueden obtener información de este.   El acceso a este nuevo registro privado está limitado a la Autoridad Competente. La Autoridad Competente está compuesta por 5 entidades:   1. La Superintendencia de Entidades No Financieras, 2. la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales, 3. el Ministerio Público, 4. el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá y 5. cualquier otra institución u organismo del Gobierno Nacional al que se le atribuya competencia en la prevención del lavado de dinero.     Es interesante señalar que el Órgano Judicial, con sus diversas instancias incluyendo la Corte Suprema de Justicia o los tribunales inferiores, no está incluido como Autoridad Competente. Por ejemplo, en los procedimientos civiles en los que una parte requiere saber quién es el beneficiario final de una corporación o fundación de interés privado, un juez no estará facultado para obtener dicha información.   Esto puede afectar a la correcta administración de la justicia. Además, los organismos administrativos que se ocupan, por ejemplo, de la contratación pública, no tienen acceso al registro. No se considera ni se utiliza el aspecto de la prevención para reducir al mínimo la corrupción.

El cuándo.   La nueva ley es un avance formal que implica orden y la búsqueda de un mejor manejo de la información, hasta ahora dispersa y llevada de manera variada por los agentes residentes. Sin embargo, hasta el momento, el registro no ha sido creado y no está operativo. La pandemia ha complicado su creación y puesta en marcha.   La historia del progreso normativo panameño muestra que a veces se aprueban formalmente normas más modernas, actualizadas y exhaustivas que las de otras jurisdicciones, pero su aplicación o cumplimiento suele ser deficiente o inexistente.   Después de su pronta creación, los elementos más importantes para asegurar que el nuevo registro de beneficiarios finales del Sistema Único funcione o no, se relacionan directamente con dos aspectos, el cumplimiento de la provisión de información inicial y, sobre todo, la realización de las actualizaciones necesarias en forma oportuna.   Es importante saber cómo lo están haciendo otras jurisdicciones. A esto se referirá Jaime Chavez Alor, el próximo orador.

¿Y si Panamá no cumple?   Los riesgos para Panamá por no implementar pronto en práctica el registro de beneficiarios finales es permanecer en la lista de países con deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero, del Grupo de Acción Financiera Internacional. (GAFI)   De acuerdo con la ley aprobada en marzo de 2020 y aún pendiente de mayor desarrollo por vía de su reglamentación, a partir de la creación del Sistema Único los agentes residentes deberán proceder a la inscripción de las sociedades y fundaciones privadas como registrantes, así como a la captura de la información requerida para cada persona jurídica constituida o registrada vigente, dentro de los 6 meses siguientes a la notificación hecha por la Superintendencia de Sujetos No Financieros en medios de comunicación de circulación nacional. Esto no ha ocurrido aún. La pandemia ha complicado los esfuerzos.   El 23 de octubre de 2020 el GAFI dio la opción de no informar a las jurisdicciones identificadas públicamente como deficientes, en la reunión de octubre de 2020, dado su enfoque en abordar el impacto de la pandemia de COVID-19.   Los siguientes países optaron por informar: Albania, Botswana, Camboya, Ghana, Mauricio, Pakistán y Zimbabwe.   Los siguientes países aplazaron su presentación de informes: Barbados, Jamaica, Myanmar, Nicaragua, Panamá y Uganda.   Otra jurisdicción está enviando el mensaje de que están dispuestos a ir más lejos. Las Islas Vírgenes Británicas (BVI) han anunciado que tendrán un registro público de beneficiarios finales para 2023. Panamá tiene que considerar esto.  29 de junio de 2020. El gobierno de las Bahamas estaba presionando al GAFI para que acordara realizar una visita in situ antes de su sesión plenaria de octubre, según el Fiscal General Carl Bethel.   30 de noviembre de 2020. NASSAU, BAHAMAS – El GAFI ha concluido su visita in situ a las Bahamas, que ahora esperará sus recomendaciones sobre la cuestión de la exclusión de la “Lista gris” del GAFI.  
Vea el artículo del blog del Dr. Barsallo aquí:   http://barsallocarlos.blogspot.com/2020/01/panama-registro-privado-y-unico-de_39.html?m=1  

NOWHERE TO HIDE:
WHY WE NEED BENEFICIAL
OWNERSHIP REGISTRIES.

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Panama: a case study
 
By Carlos Barsallo, Chair Panama Chapter of Transparency International    



In 2016, as a reaction to the Panama Papers, the Panamanian Government appointed a committee of independent experts to evaluate the practices of Panama’s financial services center. The committee´s work was: “aimed at having the country lead the international community’s efforts to build a new global financial architecture.” Sadly, so far Panama has not been leading the international community´s efforts to build a new global financial architecture. This does not mean that Panama has not been doing legal changes. Quite the contrary, Panama has been introducing legal changes and some of them are -in theory- good.   Some legal changes have been approved very fast as a reaction to external pressure and with a specific objective, been removed from the Financial Action Task Force list of countries with important deficiencies in the fight against money laundering.   This practical way of reacting to the problem, instead of anticipating and preventing the problem has not allowed time to analyze and answer questions such as: what you want to do, why you do it, and for whom you do it. That is why this workshop is relevant. It could help others with the same struggle.   The questions that I am going to answer regarding beneficial owners’ registries are the how and the when, using some lessons learned so far from the Panamanian case, that is still work in progress.  


First some background. Panamanian lawyers and know your client.  
The obligation of Panamanian lawyers to know their client by acting as resident agents in Panamanian corporations has existed legally since 1994, that is, more than 25 years ago. Initially, it was limited to drug trafficking.   The compliance, effectiveness and efficiency have not been duly measured by the Panamanian authorities, private sector or academia. The different governments have always insisted the legislation and practice were adequate. International evaluations indicated otherwise. Not until very recently, have we had official local data (via the national risk assessment) that would allow us to assess whether on any occasion in which resident agents have been required to inform, locally or internationally, of who is the final beneficiary of the corporation’s or private interest foundation, this has been done timely and properly. This single omission and delay speak volumes.   I have good reasons to believe that the legal formulas developed during the last 25 years, particularly those related to the obligations of resident agents, have not functioned properly. This is due to a combination of factors ranging from its poor formulation, sometimes intentional, to the palpable lack of will to strictly apply it.   The following is a key point: Any Panamanian lawyer can be a resident agent. Only Panamanian lawyers, or Panamanian law firms, can be resident agents. According to the report of the Mutual Evaluation of Panama of the Latin American Financial Action Group of January 2018, there were four thousand lawyers and three hundred law firms registered as resident agents with the Panamanian regulator of Non-Financial Subjects.   It is important to consider that according to data from the Supreme Court of Justice of Panama, in 1994 there were three thousand lawyers registered with practicing certificate. In 2020 the number of attorneys with practicing certificate exceeds twenty-five thousand.  The specific law that deals with the obligation of the Panamanian residents’ agents to know their client is Law 2 of 2011. It has been amended 3 times. This law contains certain articles that, in my opinion, contradict the objectives of the anti-money laundering law. For example, it creates room for interpretations in important issues such as the duty to report suspicious activities and due diligence procedures by lawyers. This has created problems when Panama has been evaluated.   The result today is that the Financial Action Task Force has identified Panama as a jurisdiction with strategic anti money laundering deficiencies. Panama is a jurisdiction subject to monitoring by the Financial Action Task Force.   If the above were not enough, the media strength of investigative journalistic work made available to the world, highlighting among them the Panama Papers have made it impossible for Panama not to react with changes that may adjust to the new realities and transparency needs.   The effect of the Panama Papers can be clearly seen not only in the decrease in new incorporations but in the increase in the dissolutions of Panamanian corporations.   For example, if you compare the year 2009 with the year 2019, the substantial drop is evident. In 2009, thirty-eight thousand Panamanian corporations were incorporated. In 2019, fourteen thousand Panamanian corporations were incorporated.  In 2014, one thousand corporations were dissolved, while in 2018 twelve thousand corporations were dissolved.   Faced with incessant international pressure, and with the unsatisfactory results of the latest international evaluation, the National Assembly of Panama approved on March 17, 2020 the Law 129 presented by the Executive Branch through which a Private and Sole System of Registry of Final Beneficiaries in Panama is created.  


The private and sole system of registry of final beneficiaries.
The purpose of the new law is to create a sole system of registry: “to facilitate access to final beneficiaries of legal entities collected by lawyers who provide the services of a resident agent to assist the competent authority in the prevention of money laundering”. The creation of the Sole System has followed an accelerated process. It was presented by the Executive Branch to the National Assembly on December 12, 2019. It was approved in the National Assembly on December 19, 2019, in one week. Specific changes were made, and the final version was approved March 17, 2020.   The new Sole System is limited to information on final beneficiaries of legal entities in which a Panamanian lawyer, or a Panamanian law firm, provides the service of resident agent.   It refers to the Panamanian corporation, which is the type of company that requires a resident agent. The Panamanian Private Interest Foundation is also included in the new regulation of the Sole System, as it is a legal entity and has a resident agent. Trusts are not legal entities, even when they have a resident agent, so they do not fall within the scope of the new law.  


The how. The Panamanian registry is private. Just the authorities indicated in the law can obtain information from it.  
Access to this new private registry is limited to the Competent Authority. Competent Authority comprises 5 entities:   The Superintendency of Non-Financial Entities,The Financial Analysis Unit for the Prevention of the Money Laundering,the Public Ministry,the Ministry of Economy and Finance of Panama andany other institution or agency of the National Government to which competence is attributed in the prevention of money laundering.     It is interesting to note that the Judicial Branch, with its various instances including the Supreme Court or lower courts, is not included as a Competent Authority. For example, in civil proceedings in which a party requires to know who the final beneficiary of a corporation or private interest foundation is, a judge will not be empowered to obtain such information.   This potentially affects the proper administration of justice. Also, administrative agencies dealing, for example with public procurement, have no access to the registry. The prevention aspect to minimize corruption is not considered or used.  


The when.  
The new law is a formal advance that implies order and the search for better information management, until now dispersed and carried in a varied way by the resident agents. However, so far, the registry has not been created and it is not operational. The pandemic has complicated its creation and implementation.   The history of Panamanian regulatory progress shows that sometimes more modern, up- to- date, and comprehensive rules are formally approved than those in other jurisdictions, but their application, or enforcement, is usually poor or lacking.   After its prompt creation, the most important elements to ensure whether the new Sole System registry of final beneficiaries will work or not, are directly related to two aspects, compliance with providing initial information, and, above all, making the necessary updates in a timely manner.   It is important to know how other jurisdictions are doing it. That is what, Jaime the next speaker will address.  


What if Panama doesn’t comply?
  The risks for Panama for not implementing the beneficial owner’s registry in practice soon is to stay in the Financial Action task Force (FATF) list of countries with anti-money laundering deficiencies.   According to the law approved in march 2020 and still pending further development via regulation, from the creation of the Sole System, the resident agents must proceed with the registration of the corporations and private foundations as registrants, as well as with the capture of the information required for each legal entity constituted or registered in force, within 6 months of the notification made by the Superintendency of Non-Financial Subjects in national circulation media. This has not happened yet. The pandemic has complicated the efforts.  On October 23, 2020 The FATF gave the option for jurisdictions publicly identified as deficient to not report at the October 2020 meeting given their focus on addressing the impact of the COVID-19 pandemic.   The following countries chose to report Albania, Botswana, Cambodia, Ghana, Mauritius, Pakistan, and Zimbabwe.   The following countries deferred their reporting: Barbados, Jamaica, Myanmar, Nicaragua, Panama and Uganda.   Another jurisdiction is sending a message that they are willing to go further. British Virgin Islands BVI has announced it will have a public registry on beneficial owners by 2023. Panama has to consider this.  June 29, 2020. The government of Bahamas was pressing the FATF to agree to hold an on-site visit ahead of its plenary in October, according to Attorney General Carl Bethel.   November 30, 2020. NASSAU, BAHAMAS — The Financial Action Task Force (FATF) has concluded its on-site visit to The Bahamas, which will now await its recommendations on the question of de-listing from the FATF “Gray List”.  

See Article

See Dr. Barsallo’s blog article here:   http://barsallocarlos.blogspot.com/2020/01/panama-registro-privado-y-unico-de_39.html?m=1