La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional, expresa su profunda preocupación por la nueva posposición del juicio del caso Odebrecht. Cada aplazamiento erosiona la confianza ciudadana en las instituciones de justicia del país, alimentando la fatiga social y desincentiva la participación ciudadana.

La nueva posposición del juicio debido a la falta de notificación del expresidente Ricardo Martinelli en Colombia, constituye una nueva burla a la justicia y una evidencia de las nefastas consecuencias de permitir la utilización de una institución noble como el asilo político, con el solo objetivo de lograr impunidad. No olvidemos que, gracias a dicho asilo, el ex presidente Martinelli evadió una condena por delitos comunes.

El caso Odebrecht estremeció a toda la región, al conocerse las enormes cifras de dinero que la empresa pagó en sobornos a diversos gobernantes, así como los sobrecostos en las obras públicas que esto provocó. En Panamá, seguimos esperando conocer en detalle los mecanismos internos y las debilidades del sistema público panameño que permitieron la comisión de estos graves delitos de corrupción. Es indispensable que quienes, según los expedientes judiciales, participaron en los esquemas —tanto actores públicos, incluyendo a los expresidentes imputados, como actores privados involucrados— enfrenten la justicia con celeridad y transparencia.

Exigimos que la empresa Odebrecht cumpla con el pago de todas las multas y responsabilidades adquiridas, y que todas las personas que se enriquecieron ilícitamente devuelvan al Estado lo robado, para que esos recursos puedan ser recuperados en beneficio de la ciudadanía.

La ciudadanía espera firmeza, independencia y resultados concretos tanto del Ministerio Público como del Órgano Judicial. Un país sin justicia es un país sin un sistema capaz de asegurar la convivencia pacífica, la estabilidad democrática y el desarrollo social y económico que Panamá merece.

La Fundación reafirma su compromiso de vigilar, denunciar y exigir que la justicia se cumpla, sin privilegios ni dilaciones.