La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana – Capítulo Panameño de Transparencia Internacional – expresa su profunda preocupación por la reciente aprobación en primer debate, del Proyecto de Ley 391 que modifica las normas sobre el derecho a réplica en los medios de comunicación.

El derecho a réplica está regulado desde 2005 por la Ley 22. Se trata de una norma que fue el producto de un amplio consenso entre todos los actores involucrados en el ecosistema de medios de comunicación del país, y que adopto estándares internacionales en la materia.

Ahora, con el proyecto que ya pasó el primer debate, se producirá un retroceso en la libertad de prensa e información, afectándose con ello el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos. Al establecer directrices específicas sobre la forma como los medios deben hacer la publicación de las réplicas, la norma afectará directamente la independencia editorial y tendrá un efecto disuasorio o censura previa, en periodistas y medios. Todo esto afectará de forma muy negativa en el ejercicio del periodismo en el país.

El derecho a réplica protege a quien ha sido mencionado en una noticia, sin haber tenido previamente el derecho a dar su punto de vista. No es una protección ilimitada para todo aquel que quiera negar la veracidad de una noticia y desacreditar el trabajo periodístico, a pesar de haber tenido la oportunidad de dar sus descargos. La distinción es vital.

En estos tiempos de grandes cambios en el mundo de las comunicaciones, en el que el anonimato y las infinitas fórmulas que permiten las redes sociales ha enturbiado enormemente el ecosistema de medios, existe sin duda un malestar en la sociedad que debemos abordar. Sin embargo, endurecer los procesos que implican el derecho a réplica, no es la forma sensata de enfrentar la desinformación y la mentira que, sin duda alguna, están afectando la vida democrática.

Reiteramos nuestra preocupación por los negativos efectos que tendría la propuesta regulación del derecho a réplica, por lo que exhortamos a los diputados a votar en contra del Proyecto de Ley 391 y proteger el principio fundamental de una sociedad democrática: el derecho de la ciudadanía a saber.