Comunicado de Prensa

Esta semana se han registrado acontecimientos que representan un claro retroceso en los esfuerzos nacionales por combatir la corrupción y fortalecer la institucionalidad del país.

Por un lado, el Poder Ejecutivo concedió rebajas de pena a personas condenadas por delitos de corrupción y estafa, decisiones que envían un mensaje equivocado en un momento en que la ciudadanía exige sanciones ejemplares y coherencia con el discurso de transparencia.

Simultáneamente, el intento por reactivar en la Asamblea Nacional dos proyectos de ley propuestos por el Ministerio Público para reforzar el marco legal anticorrupción fracasó en el pleno legislativo. La negativa a discutir estas iniciativas impide actualizar las herramientas necesarias para prevenir y sancionar conductas ilícitas en la función pública.

A ello se suma la suspensión del debate sobre las reformas al reglamento interno de la Asamblea, pieza clave para garantizar transparencia en la gestión parlamentaria y prevenir prácticas clientelares que debilitan la confianza ciudadana.

Estos hechos reflejan la falta de voluntad política y coordinación institucional para avanzar hacia un país más íntegro y justo. La lucha contra la corrupción demanda decisiones firmes, coherentes y un compromiso genuino del Estado en su conjunto.