12 de Mayo de 2025
El nuevo capítulo del penoso caso del ex presidente Ricardo Martinelli, constituye una clara violación a los tratados internacionales en materia de asilo, al sistema de Administración de Justicia, a la separación de poderes que sostiene el sistema democrático y al Estado de Derecho en su conjunto.
El repentino viaje de Martinelli a Colombia, gracias al salvoconducto otorgado por la administración del presidente José Raúl Mulino, cierra con un lamentable sello de impunidad, el largo y arduo camino recorrido por fiscales y jueces, que hicieron posible que un poderoso ex presidente fuese condenado por blanqueo de capitales.
La actuación de la Cancillería panameña ha sido alarmante. No solo emitió un salvoconducto para un caso de delincuencia común, burlando la razón de ser de la institución del asilo, sino que además lo hizo en un contexto de opacidad, sin rendir cuentas a la ciudadanía. Se trata de una violación al principio de legalidad, que constriñe la actuación de los funcionarios a lo que permite la ley.
Finalmente, la decisión de Colombia de otorgar asilo político a Martinelli, apoyándose en la “protección a personas perseguidas por razones políticas”, constituye una grave acusación directa al sistema judicial panameño. Es absolutamente inaceptable que un país hermano desacredite así nuestras instituciones, ignorando que se trata de un condenado por corrupción.
Lo sucedido afecta de forma importante la credibilidad de Panamá y sus instituciones, erosiona nuestra gobernabilidad democrática y mina los esfuerzos para enfrentar la corrupción, incluyendo el emblemático caso Odebrecht, que aún espera la realización del juicio.
Frente a lo sucedido, el Ministerio Público, en cumplimiento de sus competencias constitucionales, debe tramitar de inmediato la alerta a Interpol, de manera que la burla a la justicia del expresidente Martinelli, no incluya la posibilidad de pasear por el mundo a su antojo.
Ricardo Martinelli se ha burlado de todos, con la complicidad del Gobierno Nacional, y quienes trabajamos para hacer de Panamá un lugar donde impere la justicia, lo lamentamos profundamente.
Panamá, 12 de mayo de 2025. |
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