En diciembre concluye el periodo de los magistrados Cecilio Cedalise y Ángela Russo en la Corte Suprema de Justicia, lo que obliga a iniciar el proceso de selección de sus reemplazos. Durante su conferencia de hoy, el Presidente de la República anunció que no convocará a la Comisión de Estado por la Justicia ni al Pacto que la sustenta, ejerciendo directamente su facultad constitucional de designación.

Si bien esta decisión es legal, omite dos realidades fundamentales: primero, el profundo contexto de desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas, reflejado en encuestas del CIEPS y del Latinobarómetro; y segundo, el valor simbólico e histórico del Pacto de Estado por la Justicia, creado como una salida institucional ante una crisis de legitimidad del sistema judicial y la hoja de ruta de cambios y mejoras, entre ellos los procesos de nombramiento de magistrados que siguen siendo una deuda.

Desde 2005, este mecanismo ha servido para mejorar la transparencia y habilitar la participación ciudadana en la selección de magistrados, sin restar facultades al Ejecutivo, pues en cada edición el proceso es ad hoc y no vinculante. Omitirlo ahora representa una oportunidad perdida para reconstruir confianza ciudadana en un proceso crucial para la democracia: la conformación del órgano máximo de justicia.

La práctica ha demostrado que el proceso constitucional de designación y ratificación legislativa, sin contrapesos participativos de la ciudadanía y los medios de comunicación, no garantiza independencia judicial ni legitimidad pública. Por el contrario, ha permitido nombramientos de personas con graves conflictos de interés, sin experiencia judicial o con cuestionamientos éticos.

Recordemos que, además de la Constitución, normas como la Ley de Transparencia y compromisos internacionales como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Alianza para el Gobierno Abierto exigen mecanismos de consulta y participación. La Comisión de Estado por la Justicia, con representación de seis miembros del Estado y tres de sectores no gubernamentales, ha sido ese espacio, permitiendo revisión de antecedentes y observación pública, cuyo valor es precisamente generar confianza, aunque su carácter sea no vinculante.

Reducir este proceso a su legalidad formal y excluir mecanismos legítimos de participación ignora lecciones aprendidas y debilita la posibilidad de avanzar hacia una justicia más independiente, transparente y confiable.