1 de Junio de 2017
Llevar ante la justicia a todos los funcionarios y personas privadas que presuntamente recibieron sobornos y participaron del esquema de gran corrupción perpetrado en el país por la empresa brasileña Odebrecht, del 2006 a la fecha, es el principal reto en la lucha contra la corrupción en Panamá en 2017.
La gran corrupción es el abuso de poder en las altas esferas que beneficia a unos pocos a costa de muchos, y resulta en perjuicios graves y generalizados para las personas y la sociedad. Muy a menudo, este tipo de corrupción queda impune. El reto de la justicia es acabar con esa impunidad en Panamá.
Compartimos la decepción y frustración de la sociedad panameña de llegar a hoy, 1o de junio, con las declaraciones de la Procuradora, Kenia Porcell, del día de ayer, en que confirmó que la falta de un acuerdo entre Brasil y Panamá ha evitado que las confesiones de André Rabello, exdirectivo de Odebrecht Panamá, estén disponibles para revelar los nombres de los funcionarios que aceptaron sobornos, blanquearon capitales o fueron cómplices en esta maraña delictiva.
Al igual que en los 11 países de América Latina involucrados en el esquema de gran corrupción de Odebrecht, Panamá exige que se tomen las medidas que más beneficien al país, ya sea adecuando la legislación para que se pueda firmar el acuerdo y acceder a los testimonios, si esa es la vía, o profundizando en las investigaciones de manera independiente. Para el país es más importante reconstruir sus instituciones, identificar y castigar a sus funcionarios corruptos, que penalizar a los ejecutivos brasileños que ya están encausados en su propio país. Las revelaciones de los casos de Odebrecht en Estados Unidos y Suiza señalan, sin lugar a dudas, que actos de gran corrupción se cometieron en Panamá. Por ello, todas las personas involucradas deben ser investigadas y responder ante la justicia penal. No se puede utilizar excusas legales de último minuto para permitir la impunidad de Tirios y Troyanos.
Si bien entendemos que el trabajo técnico de las investigaciones que adelantan las fiscalías anticorrupción es silencioso por naturaleza, y que ha encontrado obstáculos importantes como la mora de la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de la República y otras instancias, lo divulgado hasta ahora, 36 personas investigados y 56 millones incautados en 24 procesos, dista mucho de ser suficiente. El énfasis en la recuperación patrimonial y arreglos económicos no va al meollo mismo de las actuaciones corruptas de los funcionarios y la recuperación de nuestras instituciones.
A nivel internacional se acabó la era de las figuras intocables en América Latina y la impunidad es inaceptable. Todas las administraciones que otorgaron contratos a Odebrecht, llamése Torrijos, Martinelli o Varela, deben ser investigadas a cabalidad. Si la Procuraduría quiere ganar la credibilidad que ha perdido con las demoras en contestar las solicitudes de asistencias judiciales, el error en la legislación de delación, y otras actuaciones cuestionadas, que llegue entonces al fondo de las investigaciones, caiga quien caiga.
Panamá, 1 de junio de 2017.