Tras la culminación de la fase de entrevistas, la Asamblea Nacional se encuentra ante un momento decisivo para la democracia panameña. La elección del próximo Defensor o Defensora del Pueblo no es un trámite administrativo más; es la oportunidad de rescatar y fortalecer una institución que ha perdido relevancia y conexión con la ciudadanía.

Quien asuma este cargo debe personificar los más altos estándares éticos y ser un referente indiscutible de integridad. Dado que la principal herramienta de la Defensoría es la sanción moral, su eficacia depende enteramente de la credibilidad que proyecte hacia la comunidad y los actores institucionales. Sin autoridad moral, la institución queda reducida a una figura decorativa.

Recordamos a los diputados que el requisito de “solvencia moral y prestigio reconocido”, estipulado en la Ley 504 de 2025, es un mandato imperativo. Rechazamos rotundamente que estas exigencias, ejes centrales del perfil requerido, sean relegadas a interpretaciones “subjetivas” para justificar designaciones cuestionables.

Conforme a los marcos jurídicos internacionales, estos conceptos poseen definiciones claras que deben guiar el proceso:

Solvencia moral:  Se refiere a la integridad ética y rectitud en la conducta personal y profesional. Implica una trayectoria coherente y comprometida con la defensa de los derechos humanos.

Prestigio reconocido: Es la legitimidad social y la reputación construida a través de un ejercicio profesional destacado. Se fundamenta en la calidad técnica y el respeto ganado ante la comunidad.

Tomando en cuenta que la percepción pública es importante, advertimos que cualquier nombramiento percibido como una “cuota política” o que guarde vínculos estrechos con el Ejecutivo o Legislativo anula, de facto, el requisito de solvencia moral y prestigio reconocido.

La Asamblea tiene la responsabilidad histórica de elegir a una persona con un perfil y experiencia comprobada en derechos humanos, siguiendo los Principios de París. Estos principios además exigen pluralismo y transparencia.

Finalmente, instamos a que la elección, no sea producto de acuerdos “tras bastidores” entre bancadas para imponer a defensores adjuntos a cambio de votos. La designación de los adjuntos debe derivar de una evaluación técnica realizada por el Defensor titular y no de imposiciones políticas que comprometan la autonomía de la institución.

Red de Derechos Humanos de Panamá: 

• Alianza de Mujeres de Panamá
• Centro de Estudios y Capacitación Familiar (CEFA)
• Centro de Estudios y Acción Social Panameño (CEASPA)
• Centro de la Mujer Panameña (CEMP)
• Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)
• Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de Panamá (CONAMUIP)
• Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)
• Colectivo Voces Ecológicas
• Espacio Encuentro de Mujeres (EEM)
• Fundación Para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana-Capítulo Panameño de Transparencia Internacional
• Fundación Iguales
• Federación Nacional de Personas con Discapacidad
• Fundación para la Protección del Mar (Pro- Mar)
• Fundación Levántate y Anda
• Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad (FRATER)
• Movimiento por los Derechos de las Personas Mayores,
• Red Continental de Personas Mayores de América Latina y el Caribe.