El estudio “Trabajo judicial en Panamá: Responsabilidad bajo presión” de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (2024) muestra que los 6,700 trabajadores judiciales —solo 544 jueces y magistrados— enfrentan sobrecarga laboral, falta de recursos y una mora judicial persistente. Mejorar sus condiciones transversalmente es clave para una justicia eficiente. Reconocemos que jueces y magistrados requieren compensación adecuada, que permita atraer a profesionales de calidad y desincentivar prácticas indebidas, pero esto debe ir acompañado de una distribución presupuestaria racional y priorizada.

En el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, su periodo de diez años plantea retos adicionales. Saber que deberán reincorporarse al ejercicio privado puede generar presiones y riesgos que afecten su disposición a tomar decisiones difíciles e impopulares pero necesarias. Por ello, cualquier debate sobre su remuneración y beneficios debe ser amplio, transparente y vinculado a reformas estructurales que fortalezcan su independencia y compromiso con la justicia, siempre con sentido de proporcionalidad y lealtad hacia el resto del personal judicial.

Por todo lo anterior, consideramos que no es el momento adecuado para aprobar aumentos salariales ni establecer regímenes especiales de jubilación para magistrados. Este tipo de medidas no solo serían inoportunas desde lo económico, sino también arriesgadas desde lo político: podrían minar aún más la confianza ciudadana en nuestras instituciones democráticas y en la imparcialidad del sistema judicial. El país exige priorizar justicia efectiva, equidad y responsabilidad fiscal sobre decisiones que puedan percibirse como privilegios desconectados de la realidad nacional.

Panamá, 12 de abril de 2025.

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Olga de Obaldía