SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO CORTIZO-CARRIZO: Opacidad y afectación a los intereses públicos

30 de Junio de 2021

El segundo año de gobierno de la Administración Cortizo-Carrizo (2019-2024), continúa por la ruta de la opacidad, lo que es causa de gran preocupación para la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana – Capítulo Panameño de Transparencia Internacional.

El lamentable incumplimiento de los compromisos adquiridos por el presidente Laurentino Cortizo al firmar el  #RetoTransparencia2019, así como el Reporte Sombra de la Implementación del ODS16, comprueban que no solo no se ha avanzado, sino que se ha retrocedido en materia de transparencia y probidad.

El carácter extraordinario de la pandemia global y sus mortales consecuencias en Panamá, uno de los países más golpeados en la región de acuerdo al Informe de PAHO sobre Panamá de mayo 2021, requería que el Ejecutivo atendiese la crisis sanitaria, económica y social con la mayor transparencia, poniendo un alto al dañino clientelismo y fortaleciendo la institucionalidad para enfrentar la crisis con eficiencia.  Hemos visto lo contrario.

Tras dos años de gobierno, citamos solo algunos de los muchos casos que sustentan nuestra preocupación:

Renovación de Contrato de Panamá Ports:

Un ejercicio más de opacidad del Ejecutivo, así como una inexplicable decisión contra los mejores intereses del país. El daño no solo incluye las millonarias cifras en dólares, sino también una grave afectación a los intereses de Panamá, específicamente a la posibilidad de aprovechar plenamente la existencia del Canal y nuestra posición geográfica, con el desarrollo del sector como lo han hecho países y centros marítimos-portuarios-logísticos de vanguardia mundial. Lo sucedido amerita la intervención de las entidades fiscalizadoras, así como el rendimiento de cuentas de los funcionarios involucrados en la prórroga del contrato, para impedir otros 25 años de pérdidas para el país.

Justicia ciega y sin recursos:

Tenemos un Sistema de Administración de Justicia -Órgano Judicial y Ministerio Público-, en el que se evidencia la falta de recursos para hacer frente a la pesada carga de trabajo, así como  la incapacidad de proveer la certeza del castigo en los más de 90 casos de corrupción llegados a los tribunales de justicia en 15 años. La grave situación queda evidenciada en el  Índice del World Justice Project, en el que Panamá obtiene una nota de 0.33 en materia de justicia penal. Los casos contra el expresidente Martinelli, Odebrecht, Albergues para menores, Hospital Modular, Blue Apple y tantos otros, podrían terminar en impunidad, frente a una ciudadanía que se ve acosada constantemente por los estamentos de seguridad, debido a las restricciones impuestas por la pandemia.

Percepción y experiencias de corrupción:

El Índice de Percepción de la Corrupción del año 2020 otorga a Panamá un puntaje de 35 puntos sobre 100, que representa una disminución de 3 lugares desde el 2012. En efecto, la corrupción goza de muy buena salud en Panamá y la ciudadanía lo sufre de forma directa, de acuerdo al Barómetro Global de la Corrupción 2019, ya que  una de cada cinco personas en el país, revela esta encuesta nacional, admite haber tenido que pagar una coima (en distintas modalidades) para obtener un servicio público. Igualmente, el 79% de los encuestados siente que el gobierno está haciendo un mal trabajo en la lucha contra la corrupción. Esto genera la sensación de hartazgo e impotencia general que se palpa día a día en la ciudadanía, sumado a los escándalos que más duelen: la politización de la vacunación que el MINSA sigue sin explicar, o el posible fraude en la Lotería Nacional de Beneficencia.

Acceso a la información pública y transparencia de las instituciones:

La obligación legal de transparencia y acceso a la información pública ha desaparecido, siendo reemplazada por silencios sin consecuencias. Bajo el manto del estado de excepción debido a la pandemia, los funcionarios callan ante las peticiones de información de periodistas y ciudadanos. Todo sucede ante la mirada impávida de la ANTAI, la Corte Suprema o  la Contraloría.

A partir del 1 de julio de 2021, se inicia el tercer año de la actual Administración. Un cambio de rumbo para fortalecer las instituciones, terminar con el abuso en la utilización de los recursos públicos y la impunidad, es imperativo. Seguir ignorando el creciente malestar ciudadano, es muy peligroso para todos.