20 de Diciembre de 2019
Duelo y reflexión.
A los treinta años de la Invasión es necesario reflexionar sobre el duelo, la memoria y los efectos de este acto bélico sobre las personas y las instituciones. Un paso correcto es la declaración de la fecha como Día de Duelo Nacional, que reconoce y dignifica a los fallecidos y a sus familiares dolientes. Instamos a la administración gubernamental a seguir apoyando y dotando de presupuesto a la Comisión del 20 de diciembre, que lleva un trabajo vital para la reconciliación nacional, equivalente al que llevó la Comisión de la Verdad en la primera década de la nueva democracia, para honrar a las víctimas de la dictadura.
El sistema democrático en que hemos vivido estos 30 años, si bien ha visto la alternancia presidencial y el desarrollo de las libertades fundamentales, enfrenta hoy una crisis institucional de magnas proporciones donde la corrupción y las soluciones populistas y cortoplacistas, la ineficacia, lentitud y corrupción de la administración de justicia, con la impunidad y la inseguridad resultantes, sumadas a la inequidad social y el fracaso del sistema educativo y el pobre servicio de salud pública nos enfrentan hoy a un Panamá desapegado a las ideas democráticas. Mucho se luchó, muchas vidas se perdieron en 21 años de dictadura y en la Invasión para no cuidar el sistema que tenemos, perfectible en todo sentido, pero democrático. La participación ciudadana, la transparencia, la rendición de cuentas, son hoy elementos esenciales para perfeccionarlo.
La impunidad: al servicio de la corrupción.
El sobreseimiento dictado por el Juzgado Decimoquinto del Circuito Penal de Panamá el 17 de diciembre a dos exministros y a dos ex viceministras, quienes avalaron la compra de comida deshidratada en la administración Martinelli, como directivos del Programa de Ayuda Nacional (PAN), y que ocasionó una lesión al Estado de $44.9 millones, de acuerdo a la Contraloría, es otro golpe al tejido social del país. La impunidad, la falta de certeza del castigo, en casos como este donde los afectados finales fueron los niños de las áreas más vulnerables de país, sumado a que el esquema fraudulento fue corroborado por el ex director del PAN, genera esa falta de confianza en la justicia que nos obliga a seguir exigiendo la carrera judicial, el tribunal de ética y disciplina y la rendición de cuentas del Órgano Judicial y el Ministerio Público. Este último ha recurrido el fallo y quedará ahora en manos del Tribunal Superior. ¿Hasta cuándo la impunidad?
La justicia en Panamá no puede seguir viniendo de afuera. En diciembre de 2019, la Comisión de Ética de la FIFA ha declarado culpable y sancionado severamente por cohecho y corrupción a exdirigente deportivo panameño. En Panamá, en 2017 un Juzgado lo había liberado del delito de corrupción, entre algunas de las razones esgrimidas, por prescripción. El caso fue apelado.
El derecho de acceso a la información pública y la repartición de bienes públicos
La semana pasada el país vivió un breve pero alarmante retroceso en temas del derecho ciudadano a la información pública, cuando gracias al reportaje de la periodista Mary Triny Zea del diario La Prensa, se reveló que la directora de la Lotería Nacional de Beneficencia, decidió a discreción hacer secreta por diez años, información que por su naturaleza y al tenor de la Ley 6 de 2002 de Transparencia y Acceso a la Información Pública es pública, ya que los billeteros manejan un bien que es público. Ante el clamor de los medios, la ciudadanía, quejas formales ante la Procuraduría de la Administración y otras acciones, se revirtió la decisión y se reveló el entramado de favoritismo político que buscaba ocultar. Debe aclararse completamente no solamente quienes son los beneficiarios finales de este bien público, sino informarse como han obtenido control sobre los mismos. En concreto, cuál ha sido el proceso público y transparente por el que se adjudican estos bienes, o la razón para no seguir un proceso público de adjudicación de tales características básicas y fundamentales.
Esta tendencia al retroceso en materia de acceso a la información pública es necesario denunciarla y seguirla de cerca, sobre todo de cara a la Ley 81 de 2019 de Protección de Datos Personales, que entrará en vigencia en marzo de 2021, pero cuyos conceptos ya están siendo mal interpretados. Otro caso reciente ha sido la falta de transparencia en la información compartida por la Dirección General del Sistema Penitenciario en cuanto a la reyerta mortal entre los privados de libertad ocurrida en el centro penitenciario de La Joyita. Como país debemos recordar que la transparencia en la información es un preventivo de la corrupción.
Retroceso en el sistema penitenciario
La matanza del martes 17 de diciembre en La Joyita requiere entender que siendo personas bajo la custodia del Estado, la corrupción en el sistema es tan culpable de su muerte como la actividad del crimen organizado. Corresponde a la función de rehabilitación del sistema penitenciario manejar adecuadamente los efectos de las patologías sociales. Llamamos al Ejecutivo a analizar con expertos y técnicos especializados la mejor solución, que debe continuar el avance logrado con la Ley 42 de 2016 de Carrera Penitenciaria y su reglamentación de 2017, un verdadero entendimiento de las disciplinas de ciencias sociales que deben ser aplicadas en el proceso de cambio, tanto al recluso como a su sistema familiar, y no solo apostar a la represión policial, que en las cárceles suele traer más violencia.
Reconocer el lado humano de esta tragedia requiere del respeto a los deudos, traducido en acciones concretas de atención social y prevención por parte del Estado. Mientras no haya oportunidades ni educación efectiva, el crimen organizado seguirá matando panameños.
Los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Procurador
El Ejecutivo ha cumplido con el compromiso asumido en el #RetoTransparencia2019 y ha nombrado 3 magistrados y un procurador sin vínculos familiares o comerciales con el ejecutivo, cuyas hojas de vida, muestran conocimiento de la materia y probidad. Después de su ratificación por la Asamblea Nacional se ha generado una expectativa en la ciudadanía de ver un cambio positivo en la Justicia, especialmente en la gran deuda con los mega casos de corrupción como Odebrecht, Blue Apple, FCC y otros. Una decisión fundamental para la mejora del sistema judicial es la selección del presidente de la Corte Suprema de Justicia, de quien depende muchas de las decisiones administrativas y presupuestarias que pueden hacer la diferencia en la gestión de la institución. Los ojos de la ciudadanía están puestos en los nuevos magistrados y en su vocación por el cambio en el sistema, esta elección será la primera prueba.
Panamá, 20 de diciembre de 2019.