La reforma al Código Electoral (Proyecto de Ley 699) presentada por el Tribunal Electoral y modificada en primer debate a iniciativa de los diputados Benicio Robinson, Luis E. Camacho y otros, propone regular aspectos relacionados con  quién puede competir, cuánto dinero se puede gastar y qué tanto se puede fiscalizar.

Alertamos a la ciudadanía que la reforma aprobada limita el control del dinero y favorece más a quienes ya tienen poder y recursos. Con ello, se flexibilizan las reglas incluidas en el Código Electoral tras muchos años de discusión y acuerdos en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, así como en la Asamblea Nacional.

Denunciamos, además, que lo ocurrido en la Comisión de Gobierno durante los días 16 y 23 de septiembre, no cumple con los requerimientos de un verdadero debate parlamentario. Al proyecto original de 169 artículos presentado por el Tribunal Electoral, se le eliminaron 14 artículos, se añadieron 5 y se modificaron 27. El texto final no estuvo disponible hasta el lunes 28 de septiembre para la discusión en su segundo debate. Ni siquiera las dos diputadas que formaban parte de la Comisión y que se opusieron a las reformas tuvieron acceso al documento.

Una reforma que aborda temas relacionados con  partidos, campañas, candidaturas independientes, financiación, escrutinio y sanciones, necesita análisis técnico y consulta pública.

Retrocesos en materia de financiamiento y control de gasto en campaña:

1. Alarga los plazos para rendir cuentas, tanto de ingresos (pasando de 45 a 90 días), como para el subsidio preelectoral (de 30 a 90 días hábiles). Con ello solo se conocería quién financió a los ganadores mucho después de que asuman el cargo.
2. Abre el dinero privado a la campaña presidencial, aumentando en 30% el tope de dinero privado que pueden recibir los candidatos a presidente.
3. Sube los topes de gasto. Los diputados pasan de un tope único de B/.300,000 a B/.300,000, B/.400,000 o B/.500,000 según el circuito, y para alcaldes se fijan techos de hasta B/. 500,000.
4. Acorta plazos de prescripción. La prescripción de los delitos electorales baja de 4 a 3 años, y la de las contravenciones de 2 a 1 año.
5. Reducción de controles: se reducen las multas por incumplir obligación de presentar informes.

Además de los importantes retrocesos en materia de financiamiento y control del gasto de candidatos y campañas, las reformas aprobadas en primer debate incluyen normas que ponen obstáculos para la participación de las candidaturas independientes en los procesos electorales.

Igualmente se dificultan los procesos de inscripción de nuevos partidos,     eliminándose la posibilidad de que quienes firmen como iniciadores, sean añadidos al total de inscritos.

Finalmente, se permite que un candidato que resulte electo en dos cargos pueda conservar la titularidad de ambos, pudiendo alternar el ejercicio de ambos.

6. La democracia electoral es el espacio ciudadano de control del poder por excelencia. Debilitar sus reglas de transparencia abre la puerta al financiamiento del crimen organizado y a la captura del Estado, mientras que acomodar las reglas del juego para proteger privilegios es un atentado a la democracia misma.

Hacemos un llamado a la ciudadanía para que se involucre activamente, exigiendo a sus diputados un segundo debate abierto que permita una amplia discusión de un proyecto que define las reglas del juego de la democracia panameña.