La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional, presentó el 9 de octubre de 2025 ante la Corte Suprema de Justicia una Demanda de Inconstitucionalidad contra la Ley 429 de 18 de abril de 2024, asignada bajo el número RUE: 08-08-12-05-1-1577222025 al Despacho de la Magistrada Miriam Yadira Cheng Rosas.
Ver demanda aquí:
https://www.libertadciudadana.org/wp-content/uploads/2025/10/Demanda-de-Inconstitucionalidad-Ley-429-de-2024.pdf

La Fundación, en cumplimiento de su misión de promover la gobernanza democrática y la transparencia institucional, advierte que esta ley blinda nombramientos políticos en la Asamblea Nacional y evade los principios constitucionales de mérito y equidad en el servicio público, consagrados en los artículos 300 y 302 de la Constitución.

La Ley 429 elimina el Consejo de la Carrera del Servicio Legislativo, que velaba por los procesos de ingreso basados en mérito, y permite el ingreso automático “sin necesidad de concurso” a la Carrera Legislativa para funcionarios con solo dos años de antigüedad. La demanda sostiene que esta norma, aprobada dos semanas antes de las elecciones generales de 2024, asegura la estabilidad de personal nombrado por la gestión saliente, sin evaluación objetiva de competencia ni transparencia, perpetuando la discrecionalidad y el clientelismo político dentro del Legislativo.

Evidencia de opacidad en la gestión legislativa

La Fundación lleva una década de observación e investigación independiente sobre la gestión legislativa y recuerda que Panamá ha sido evaluada en tres ocasiones mediante el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa (ILTL), efectuado por la organización. En su última edición, ILT2023, el país obtuvo la peor calificación de América Latina en la dimensión presupuestaria y administrativa, con solo 9.8 puntos sobre 100, reflejando la ausencia de concursos públicos, la falta de publicación de gastos, la inexistencia de auditorías y el predominio del clientelismo en las planillas y contratos legislativos. El informe alertó además sobre la crisis de confianza ciudadana hacia la Asamblea Nacional, que registra apenas un 16% de aprobación pública, señalando su falta de rendición de cuentas y el abuso del gasto discrecional. Ver investigación aquí: https://www.libertadciudadana.org/wp-content/uploads/2019/11/4-4-24-ILTL-23-Para-la-web.pdf

Llamado ciudadano por una Asamblea meritocrática y transparente

La Fundación reafirma que la ciudadanía demanda el fin de las planillas abusivas, los contratos secretos y los nombramientos sin concurso, así como el uso político de los fondos públicos. Solo una Asamblea transparente, profesional y sometida al sistema de mérito puede fortalecer la democracia y restaurar la confianza ciudadana en las instituciones. La Fundación reitera su compromiso de defender los valores constitucionales, la profesionalización del servicio público y la erradicación del clientelismo como pilares esenciales de una República justa y democrática.

Panamá, 10 de octubre de 2025.

Junta Directiva:

 Dirección Ejecutiva:
Olga de Obaldía