Fundación Libertad Ciudadana presenta estudio sobre Registro de Beneficiarios Finales - #QueNoSePuedanEsconder - Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana

Fundación Libertad Ciudadana presenta estudio sobre Registro de Beneficiarios Finales – #QueNoSePuedanEsconder

28 de Abril de 2021

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana ha publicado en día de hoy en su sitio web, en formato digital descargable y de libre acceso para el público en general el estudio:

Panamá: Registro de Beneficiarios Finales 2021

 

La publicación es parte de los aportes que  Fundación viene haciendo en este tema vital para la lucha anti corrupción y que incluye su campaña en medio digitales bajo el hashtag #QueNoSePuedanEsconder destinada a que la ciudadanía se sume a este esfuerzo.

Más de un año después de aprobada la Ley 129 de 2020 que  estableció un marco regulatorio para la creación de un SISTEMA PRIVADO Y ÚNICO DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS FINALES DE PERSONAS JURÍDICAS DE PANAMÁ,  el mismo sigue sin implementación mientras otros países adelantan su creación y funcionamiento, desarrollando buenas prácticas. Con este Registro, al menos en la Ley, Panamá buscaba superar las deficiencias encontradas en las evaluaciones internacionales en materia de cumplimiento de las recomendaciones para la prevención del blanqueo de capitales, dada la inclusión del país en listas internacionales negras y grises. Sin embargo, todo parece indicar que durante el 2021, el país no verá esta implementación.

El Registro de Beneficiarios Finales es un sistema que aspira a facilitar que  los reguladores accedan a ciertos datos sobre los accionistas y beneficiarios efectivos de las personas jurídicas, datos cuya responsabilidad de mantener al día será de los agentes residentes, para ayudar a  prevenir el lavado de dinero, los flujos ilícitos,  corrupción, crimen organizado,  financiamiento del terrorismo y  proliferación de armas, entre otros.

En este trabajo, bajo la autoría del Dr. Carlos Barsallo y la magister Ivy Solís,  se lleva a cabo el estudio de los resultados históricos de las evaluaciones internacionales de Panamá y los flujos ilícitos, comparados con los resultados de otros países cuyos casos particulares tienen  similitudes con la experiencia panameña, además de países que ya cuentan con registros de beneficiarios finales que han resultado exitosos, tanto para la consecución de sus fines como para mejorar la imagen de estos ante la comunidad internacional.

También se analizan algunas de las preocupaciones de la implementación de registros de beneficiarios finales como la privacidad y derechos societarios; ventajas de este sistema como mejorar y reducir los costos de debida diligencia y gestión de riesgo en el sector privado, mayor cooperación internacional, aumentar la competitividad de pequeñas y medianas empresas y reducir la corrupción en las contrataciones públicas y críticas al mismo, como la falta de verificación de la información y la omisión de estructuras jurídicas vulnerables.

La relevancia del tema de la implementación de un Registro de Beneficiarios Finales en el país se hace aún más patente con las posibles  irregularidades divulgadas en los medios sobre las contrataciones públicas durante la pandemia.

Las ventajas del registro de beneficiarios finales incluyen por ejemplo: mejor debida diligencia para evitar el mal uso de los servicios financieros, reducción de costo y complejidad de los procesos de debida diligencia y gestión de riesgo en el sector privado, nivelando así el campo de juego y aumentando la competitividad; mayor cooperación internacional y menos reclamaciones de otros países a Panamá por no cooperar; mejor y más justa contratación pública, menos corrupción, beneficios para una mayor cantidad de empresarios, especialmente los excluidos hoy; permite a las pequeñas y medianas empresas el participar en una base más equitativa; castigo a empresas que cometen fraude en Panamá, beneficios para el Ministerio Público, fiscales y en lo administrativo para la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Finalmente, el estudio que publicamos hoy, entre sus conclusiones recomienda que la regulación de la Ley 129 de 2020, también pendiente, y la  implementación del Registro de Beneficiarios Finales de Panamá incluya buenas prácticas ya identificadas como: aumentar el tiempo en que los sujetos obligados deben resguardar la información luego de la terminación de las relaciones comerciales, la prohibición de directores nominales, prohibición de acciones al portador, sanciones directas a empresas y promover recursos oficiales de información acerca de los tipos de personas jurídicas.

Para más información ingrese en este enlace a los detalles del proyecto.