La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana – Capítulo Panameño de Transparencia Internacional – llama la atención sobre la gravedad de lo sucedido el día de ayer por la intervención del contralor Anel Flores en la diligencia de la Fiscalía Anticorrupción en el caso de presunto enriquecimiento injustificado del exvicepresidente José Gabriel “Gaby” Carrizo.

¿Qué ocurrió y por qué es grave?

Funcionarios de la Contraloría irrumpieron en un acto de investigación del Ministerio Público e impidieron que se completara la entrevista a peritos de la propia Contraloría, lo que motivó la apertura de una investigación penal. Interferir en diligencias judiciales socava la institucionalidad democrática, debilita la lucha contra la corrupción y constituye obstrucción a la justicia o incumplimiento de deberes.

Rol de los peritos y deber de colaboración

Los peritos de la Contraloría son auxiliares de la justicia: deben colaborar con la verdad, responder a los fiscales y someter sus informes al contradictorio, incluso si sus respuestas favorecen a la persona investigada. Bloquear o dilatar sus declaraciones afecta directamente la capacidad del sistema de justicia para esclarecer los hechos y sancionar la corrupción de alto nivel.

Denuncia penal y llamado ciudadano

La Fundación apoya las acciones del Procurador General de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, de usar las herramientas constitucionales y legales para proteger la investigación, darle seguimiento a la denuncia penal resultante de la reportada intromisión y que la Corte Suprema cumpla su rol judicial constitucional frente a los actos del Contralor.

Reiteramos la urgencia de fortalecer el marco jurídico de la Procuraduría General de la Nación y las fuentes probatorias a su disposición en la lucha contra la corrupción y llamamos a que factores políticos no determinen la justicia, sino que se garantice un proceso riguroso y transparente que fortalezca la confianza ciudadana en lugar de erosionarla.