Señor Presidente:

Como ciudadanos comprometidos con la defensa del Estado de Derecho, la institucionalidad democrática y el respeto de la Constitución, nos dirigimos a usted para solicitarle respetuosamente que objete por inexequible y en consecuencia, no sancione el Proyecto de Ley 594 de 2026 recientemente aprobado, que reforma el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional.

El referido proyecto introduce disposiciones que desnaturalizan las funciones constitucionales de los diputados, al establecer que estos deberán “gestionar, impulsar y fiscalizar” programas y proyectos específicos en sus circuitos, e incluso garantizar una inversión mínima para obras y proyectos sociales dentro del Presupuesto General del Estado.

Los artículos 159, 160 y 161 enumeran taxativamente las funciones del Órgano Legislativo, y ninguna de ellas sustenta la posibilidad de que los diputados “gestionen, impulsen o fiscalicen” programas y proyectos específicos en sus circuitos. Además, el artículo 163 prohíbe expresamente a la Asamblea inmiscuirse en competencias privativas de otros órganos del Estado.

Asimismo, el régimen municipal consagrado en los artículos 232, 233, 242, 243 y 250, asigna a los municipios, alcaldes, concejos municipales y juntas comunales la responsabilidad de impulsar el desarrollo local, ejecutar obras públicas y atender las necesidades comunitarias. Transferir esas funciones a diputados no solo viola la Constitución, sino que además erosiona la autonomía municipal.

Más grave aún, este proyecto revive y formaliza mecanismos que históricamente han servido de base para el clientelismo político. Al convertir a los diputados en gestores directos de proyectos y recursos para sus circuitos, se fomenta una relación de dependencia entre electores y políticos basada en favores y distribución discrecional de recursos públicos.

Resulta particularmente preocupante que esta iniciativa desconozca criterios ya establecidos por la Corte Suprema de Justicia, mediante fallo de 16 de marzo de 2017, que declaró la inconstitucionalidad del esquema de partidas circuitales, porque el constituyente no asignó a la Asamblea competencias para administrar o distribuir recursos públicos con fines ajenos a la función legislativa.

La reforma introducida al Reglamento de la Asamblea revive esta fórmula ya tachada de inconstitucional por la Corte Suprema, al convertir a los diputados en gestores de inversiones, proyectos y recursos públicos en sus circuitos.

En consecuencia, sancionar esta ley no solo contradiría la letra de la Constitución, sino también la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, reabriendo espacios para el clientelismo político, la asignación discrecional de recursos y la utilización de fondos públicos como ventaja electoral, precisamente las prácticas que el fallo de la Corte de 2017 buscó desterrar de nuestra vida democrática.

Señor Presidente, usted llegó al poder prometiendo una nueva forma de gobernar. En su discurso de toma de posesión afirmó que era momento de “hacerlo distinto”, de recuperar el valor del servicio público y de transformar las prácticas que han debilitado la confianza ciudadana en las instituciones. Igualmente, durante el inicio de su gestión expresó públicamente que su gobierno no compraría apoyos legislativos ni se sometería a mecanismos de presión o intercambio político basados en prebendas, una posición que fue ampliamente reconocida como un compromiso con la ética pública y la independencia de los órganos del Estado.

Hoy tiene usted la oportunidad de honrar ese compromiso. No sancionar este proyecto sería un acto de coherencia, una defensa de la separación de funciones establecida por la Constitución y una señal inequívoca de que Panamá avanza hacia una democracia menos clientelar, más transparente y más respetuosa de sus instituciones.

Atentamente,

Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana

Capitulo Panameño de Transparencia Internacional