Desde la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional, entidad que ha evaluado rigurosamente la transparencia legislativa de la Asamblea Nacional en tres mediciones consecutivas del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa desde el año 2016, expresamos nuestra profunda preocupación ante las recientes modificaciones aprobadas en Segundo Debate al Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI).

Equiparar la “presencia en la curul” con las actividades en los circuitos electorales (Art. 23) y obligar a los despachos de los diputados a gestionar y fiscalizar proyectos sociales e infraestructura local (Art. 32), representa una flagrante violación a la Constitución Política de la República de Panamá, así como un peligroso retroceso institucional que desnaturaliza la labor legislativa.

Este esquema evoca los peores mecanismos de uso discrecional de fondos públicos mediante las denominadas “partidas circuitales” de la administración 2009-2014. Al respecto, es preciso recordar que dicha práctica fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, toda vez que la Constitución no otorga a los diputados funciones ni competencias administrativas propias de las autoridades locales. Al arrogarse el manejo directo de obras de infraestructura vial, agua potable y educación en las comunidades, la Asamblea incurre en una evidente usurpación de funciones que vulnera el principio de separación de poderes y debilita la gobernanza democrática.

Por todo lo anterior, denunciamos este atentado contra el Estado de Derecho y la institucionalidad republicana que tanto dolor nos costó recuperar. En lugar de blindar prácticas clientelares bajo ropajes normativos, la labor de quienes integran la Asamblea Nacional debe enfocarse en legislar para bienestar de las mayorías, liderar procesos de rendición de cuentas, e impulsar la transparencia presupuestaria y la probidad pública.