Si alarmante fue conocer los detalles que evidenciaban el claro conflicto de interés, más inquietante fue escuchar al ministro Andrade decir que no había declarado su relación con la empresa en cuestión, porque no sabía que tenía que hacerlo. Es decir, no solo se trataba de una violación de la norma, sino también fallas sistémicas en su aplicación y control.

Dos meses después de conocerse los hechos, el caso ha llegado finalmente a la Corte Suprema de Justicia, instancia competente para investigar a los ministros de Estado. La documentación fue remitida a la Corte por parte de la directora de la ANTAI, Sheila Castillo de Arias, respondiendo una solicitud hecha por el ex diputado y dirigente de Vamos, Juan Diego Vásquez.

Estamos ante un proceso sin precedentes, que pondrá a prueba la Ley 316 de 2022 sobre conflicto de intereses. Desde la Fundación impulsamos activamente esta legislación junto a los diputados independientes, aportando estándares internacionales y experiencia comparada. Desafortunadamente, la mayoría legislativa eliminó el elemento clave para la prevención: la publicidad efectiva y accesible de las declaraciones de intereses.

La ausencia de capacidades digitales en ANTAI para gestionar la información contenida en más de 24 mil declaraciones, sumada a la falta de transparencia, impide el escrutinio ciudadano y limita la detección temprana de riesgos, afectaciones a la libre competencia en las contrataciones públicas y la captura del Estado por intereses económicos. La prevención —basada en máxima publicidad, control social y estándares elevados de conducta pública— sigue siendo una tarea pendiente. Mientras no se asuma que estas herramientas son esenciales para evitar el enriquecimiento ilícito y otros delitos contra la administración pública, el país y la justicia continuará reaccionando tardíamente a un problema de corrupción que requiere, ante todo, voluntad política e institucional para ser prevenido.